Se trata de una decisión política adoptada por la fiscal al final de su mandato en un intento de fijar las prioridades de su sucesor, que convierten a la Corte en una herramienta en manos de elementos extremistas y envalentona a las organizaciones terroristas y a los grupos antisemitas.

El hecho de que la organización terrorista asesina Hamás haya celebrado esta decisión es la mejor prueba de su falta de moralidad.

Israel es un país democrático con un sistema jurídico independiente y eficaz, y no es miembro de la corte. La decisión de iniciar una investigación contra Israel es una violación del mandato de la Corte y un despilfarro de los recursos de la comunidad internacional por parte de una institución sesgada que perdió toda legitimidad, y que actúa como un órgano político y no judicial.

La decisión de la fiscal solo conseguirá polarizar aún más a israelíes y palestinos, y alejarlos  del diálogo necesario para resolver el conflicto entre ellos.

El Estado de Israel tomará todas las medidas necesarias para proteger a sus ciudadanos y soldados de la persecución legal.

Exhortamos a los países que valoran la protección del sistema jurídico internacional frente a la politización que rechacen la decisión de la fiscal y no cooperen con la misma.​