Israel no es miembro de la CPI y no ha dado su consentimiento a su competencia. Sólo los Estados soberanos pueden delegar su jurisdicción en la Corte, y no hay ni ha habido nunca un Estado palestino.

La Corte de La Haya se estableció para hacer frente a las atrocidades masivas que conmocionan profundamente la conciencia de la humanidad; no para perseguir a los Estados democráticos con sistemas jurídicos independientes y eficaces. Con esta decisión, la Corte ha sucumbido lamentablemente a la politización, ha violado su mandato y se ha dejado arrastrar a un conflicto político, tomando decisiones equivocadas sobre cuestiones sobre las que no tiene autoridad, y que las propias partes han acordado que deben resolverse mediante negociaciones directas.

Con esta decisión, la Corte no solo ha dañado gravemente su legitimidad, sino que ha contribuido inevitablemente a la polarización entre las partes, alejándolas aún más del propio diálogo que es tan necesario para resolver el conflicto entre ellas. Esto, en un momento de una singular oportunidad para el progreso, que se ha creado con los recientes acuerdos históricos de normalización en la región, y la renovación de la coordinación israelo-palestina. Esta intervención injustificada de un tribunal extranjero, recompensa efectivamente la negativa palestina a volver a las negociaciones, le hace el juego a los extremistas y convierte a la Corte en una herramienta de propaganda antiisraelí.

El Estado de Israel es una democracia comprometida con el Estado de Derecho y la justicia internacional. Israel tomará todas las medidas necesarias para proteger a sus ciudadanos y soldados de esta decisión ilegítima de un Tribunal que hoy ha demostrado ser un organismo político, no una institución judicial.

Hacemos un llamamiento a todos los Estados que valoran el sistema jurídico internacional y buscan protegerlo de la politización, para que se opongan a esta decisión y no cooperen con ella.

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