La decisión de ayer de la CPI distorsiona el derecho internacional y convierte a esta institución en una herramienta política de propaganda anti-Israelí.

La CPI no tiene jurisdicción para deliberar sobre el caso palestino.

El Estado de Israel es una democracia sólida con un sistema jurídico independiente y eficaz que es profundamente respetado en todo el mundo.

La decisión de los jueces recompensa al terrorismo palestino, así como a la negativa de la Autoridad Palestina a volver a las negociaciones directas con Israel, y polarizará aún más a ambas partes.

Realizamos un llamamiento a todos los países que valoran el ordenamiento jurídico internacional y se oponen a su explotación política a que respeten los derechos soberanos de los Estados y decidan no dar su consentimiento a la jurisdicción de la Corte.

El Estado de Israel tomará todas las medidas necesarias para proteger a sus ciudadanos.

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